Proyecto legislativo propone que las prisiones preventivas se cumplan en casa con monitoreo tecnológico
Ha tomado estado parlamentario en los últimos días una iniciativa del oficialismo provincial, pero con coautoría de legisladores de distintos bloques. Se trata de una propuesta que pondría sobre la mesa una reforma en el Código Procesal. El proyecto fue presentado por Nadia Fernández de Hacemos Unidos por Córdoba; Alejandra Ferrero de la UCR y Karina Bruno (monobloque).
Eleccionario dialogó con la villamariense Bruno, quien explicó algunos detalles al respecto. Indicó que se trata de una «adecuación al Código de Procedimiento en lo que hace a situaciones de prisiones preventivas, abriendo el abanico a la tecnología, al uso de tobilleras electrónicas que permitan, en casos puntuales y justificados, que esa persona privada de la libertad pueda estar en su casa y no en el establecimiento penitenciario, que sabemos que hay una problemática de exceso de cantidad alojados». Y un dato al respecto es que más del 50% de las personas privadas de su libertad no tienen condena aún.
Cabe recordar que una persona que comete un delito es castigado con la prisión preventiva cuando la justicia entiende que puede haber peligro procesal. Esto quiere decir que el imputado puede entorpecer la justicia, que haya peligro de fuga o dependiendo la escala penal.
«Hoy tenemos un Código de Procedimiento con extremos o te da prisión o libertad y en el medio hay muy pocas las alternativas de control eficiente», señaló la legisladora. Y apuntó a que se buscaría tener en cuenta situaciones particulares, como por ejemplo la edad, si tiene enfermedades, si el imputado tiene responsabilidad de cuidado sobre otras personas, u otras situaciones, «sin dejar de tener una medida que los controles, pero estar en su domicilio con una serie de requisitos. Sino cumple, se aplica la norma que rige» y vuelve a la cárcel.
Bruno estima que este tipo de avances propondría una verdadera reinserción, porque además, el imputado debe cumplir con programas de reinserción, educación y trabajo. «El sistema (judicial) lo está demandando», afirmó.
Y otro punto de vista es el económico ya que «no es gratuito para la sociedad (el mantenimiento de los detenidos). El proyecto prevé que la persona sea la que financie esa tobillera, salvo situación de extrema vulnerabilidad. Se elimina el gasto de sostenimiento de las personas privadas de la libertad y lo de la tobillera».
De igual manera, quedan muchos detalles por definir, además de que se prevé que la víctima del delito pueda tener opinión en la toma de decisiones sobre la prisión preventiva de su caso particular. Quienes llevan adelante este proyecto esperan poder tratarlo antes de que termine el año, en una de las dos sesiones que quedan. Sino, pasará a febrero.