El municipio desactivó una marcha de taxis y se comprometió a profundizar los controles contra las aplicaciones
En las últimas horas el Ejecutivo municipal logró desactivar una movilización y concentración que el sector de taxistas locales tenía programada para este miércoles frente al exPalace. La suspensión de la medida de fuerza se concretó tras una extensa reunión convocada a última hora de la tarde por el secretario de Gobierno, Marcos Bovo, junto al subsecretario de Seguridad, Fernando Jones, y el funcionario Franco Valsachi, en la cual el municipio se comprometió formalmente a intensificar los controles viales a partir del próximo lunes 13.
La mesa de diálogo fue solicitada por las autoridades municipales ante el malestar generalizado de la comisión de Taxistas Villamarienses Unidos y representantes de empresas locales como Taxis Donald. Los choferes y permisionarios denunciaron de manera unánime la “falta de cumplimiento efectivo” de la Ordenanza N.º 8.232, una normativa sancionada hace aproximadamente ocho meses que regula el funcionamiento de las Empresas de Transporte Mediado por Aplicaciones Digitales (ETMAD) como Uber y DiDi.
De acuerdo con lo expuesto por Alejandro Gómez, referente de la firma de taxis Donald, las prestadoras tradicionales sufrieron una pérdida estimada del 50% en sus niveles de viajes debido a la proliferación de vehículos informales. Los taxistas reclamaron que la actual administración ha permitido la circulación de automóviles de modelos antiguos y unidades provenientes de otras localidades de la provincia que operan sin ningún tipo de habilitación oficial, desoyendo las obligaciones fijadas por la legislación local.
La Ordenanza 8.232 estipula un marco de equiparación de condiciones que obliga tanto a plataformas como a conductores a inscribirse en un registro especial para operar legalmente. Entre los requisitos vigentes se destaca un cupo restrictivo de una habilitación por cada 170 habitantes, la exigencia de licencias profesionales, la presentación de antecedentes penales limpios y la acreditación de una residencia mínima y continua de dos años en Villa María.
Asimismo, la normativa establece una tarifa base unificada que iguala el costo inicial entre taxis y aplicaciones móviles, otorgando a las plataformas un margen de flexibilidad tarifaria de hasta un 20% por encima de dicho monto unificado, con la condición obligatoria de informar el valor estimado del viaje al usuario antes de ser contratado. El incumplimiento de estas pautas y la falta de registro prevé severas sanciones económicas mínimas de 2.000 Unidades de Multa, equivalentes a $1.310.000, e incluso ha derivado en reclamos de inconstitucionalidad por parte de choferes ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Desde el sector de los taxistas argumentaron que la legislación vigente brinda herramientas legales drásticas en su articulado que la Municipalidad debe comenzar a aplicar de forma rigurosa. Gómez puntualizó que el artículo 77 faculta al municipio a suspender los establecimientos de empresas no registradas, mientras que el artículo 59 contempla la posibilidad de solicitar la clausura formal y el bloqueo tecnológico de la aplicación dentro del espectro geográfico y la zona de Villa María en caso de reincidencia o rebeldía de firmas internacionales que “no aportan nada a la economía de la ciudad”.
Tras el encuentro, los representantes de los trabajadores del volante informaron que la decisión de suspender el paro y la marcha fue votada de manera dividida en el seno de la comisión interna debido al desgaste de las bases. No obstante, las empresas locales decidieron otorgar un voto de confianza a la propuesta de los funcionarios municipales y de la Secretaría de Seguridad para evitar situaciones de “riña y conflicto en la vía pública”, bajo la condición de supervisar de forma permanente la efectividad de las actas de secuestro de vehículos ilegales a partir de la semana entrante.