La fiscal Companys declaró en su indagatoria: ¿Cuáles son las denuncias en su contra?
La fiscal de instrucción del Segundo Turno, Juliana Companys, compareció el pasado jueves ante el Juzgado de Control de Río Segundo, a cargo de la jueza Silvana Tulián. El acto procesal consistió en una declaración indagatoria en la que la funcionaria respondió por dos expedientes que investigan presuntas irregularidades en su desempeño profesional. Companys hizo uso de su derecho de defensa y brindó explicaciones ante las acusaciones derivadas de denuncias presentadas por la exauditora Alicia Peresutti y por Emma Franco -pareja de Rodolfo Delpino, acusado de haber asesinado a Mariela Bessonart-.
El descargo de la defensa
El abogado defensor de la fiscal, Manuel Allende, dialogó con este medio y brindó precisiones sobre el curso de los expedientes. Respecto a una de las causas, Allende sostuvo que se trata de hechos “idénticos” que ya fueron analizados y archivados en 2024 por el fiscal Franco Mondino y el juez de control Gustavo Hidalgo. Según el letrado, la reapertura de estos antecedentes vulnera el principio de “cosa juzgada”, ya que incluso el Tribunal de Ética Judicial desestimó sanciones previas por estos mismos motivos. La fiscal Companys declaró en su indagatoria.
Sobre el segundo expediente, la defensa calificó la acusación como una versión “carente de sustento probatorio” que ya fue refutada por la fiscal. Allende denunció la existencia de una “decisión deliberada de determinados actores” interesados en obstaculizar las investigaciones que Companys lidera en Villa María, con el fin de impedir que ejerza su rol en las causas de alto perfil que se tramitan en su fiscalía.
El pedido de jury de Alicia Peresutti
La denuncia formulada por Alicia Peresutti se enmarca en un pedido de jury de enjuiciamiento por presunto “mal desempeño” y falta de objetividad. El conflicto surge a partir de la causa por fraude y asociación ilícita en la ONG Nazareth, investigación en la cual la propia Peresutti fue detenida e imputada por orden de Companys. La exauditora había sostenido que la fiscal actuó con una motivación política para perjudicar su imagen pública.
En la presentación contra la fiscal, Peresutti alega que el accionar de la funcionaria se apartó de las normas procesales y de los deberes de imparcialidad que requiere su cargo. Por su parte, la defensa de Companys reitera que estos planteos ya han sido revisados por organismos de control ético y judicial, los cuales no hallaron méritos para sancionar a la magistrada por su intervención en dicho caso.
La denuncia de Emma Franco y el caso Bessonart
Emma Franco es la pareja de Rodolfo Delpino, actualmente acusado por la desaparición de Mariela Bessonart. La fiscal Companys reabrió la causa en julio del 2021 y, en ese momento ordenó rastrillajes con Gendarmería y la Policía Judicial, y analizó nuevas pruebas telefónicas.
Bessonart desapareció el 28 de septiembre de 2005 y nunca más se supo de ella. El caso conmociona aún a la ciudad como un hecho sin resolver.
En este contexto Emma Franco fue citada a declarar. Ella denunció que presuntamente fue hostigada previo y durante la indagatoria, pero el hecho nunca se probó y, según explicó Allende, hizo su derecho de abstener a declarar. La causa hoy está en el Tribunal Superior de Justicia por presentación de prescripción.
Denuncia del 2024
El denunciante fue Ernesto Lazarte, quien fuera director de la Asociación Civil Nazareth y resultó condenado a cinco años de prisión por abuso sexual en una causa instruida precisamente por la fiscal Juliana Companys. Lazarte, cercano a la exauditora Alicia Peresutti —quien también fue detenida e imputada por Companys en una causa por fraude y asociación ilícita—, acusó a la fiscal de haber montado un “armado judicial” para perjudicarlos políticamente y favorecer al actual intendente, Eduardo Accastello.
La denuncia presentada por Lazarte se dividió en tres hechos principales. El primero sostenía que la fiscal Companys habría recibido 50.000 dólares de parte de Accastello para “armar” las causas de abuso contra él y de fraude contra Peressutti, con el fin de frustrar las intenciones de candidatura de esta última a la intendencia en 2023. Los otros dos hechos se centraban en presuntos maltratos y coacciones durante las declaraciones de testigos: Lazarte afirmó que la fiscal exhibió un arma de fuego sobre su escritorio para intimidar a una testigo y que amenazó a otra con “meterla presa” si no declaraba lo que ella buscaba.
Finalmente, el Juez de Control Gustavo Enrique Hidalgo resolvió archivar y desestimar la denuncia penal contra Companys. El magistrado consideró que la acusación por el supuesto soborno de 50.000 dólares era una “denuncia genérica” sin pruebas que la respaldaran, basándose únicamente en conjeturas del denunciante. Respecto a los incidentes con los testigos, el juez determinó que las conductas relatadas no encuadraban en delitos penales como amenazas o coacción, aunque sí reconoció que podrían constituir irregularidades en el trato procesal. A pesar de descartar el camino penal, en aquel momento el juez Hidalgo ordenó remitir los antecedentes al Tribunal de Ética Judicial para que evalúe si la fiscal violentó las reglas de conducta que deben observar los magistrados, especialmente por el incidente del arma de fuego y el trato a los testigos. Mientras tanto, las causas contra Lazarte y Peresutti —que originaron este conflicto— han seguido su curso.