“La ley de promoción industrial se aprobó con el convencimiento de que Córdoba es industria”
Por un holgado consenso de 68 votos afirmativos sobre 70 legisladores presentes, la Unicameral de Córdoba convirtió en ley el “Régimen de incentivo a las inversiones, la innovación y el empleo”. La iniciativa, promovida por el Ejecutivo provincial, busca consolidar el entramado productivo a través de alivio fiscal, financiamiento e incentivos directos para pymes diseminadas en toda la geografía cordobesa.
La presidenta de la Comisión de Industria y Minería, Verónica Navarro Alegre, dialogó con Eleccionario y remarcó el respaldo transversal de la norma alcanzado tras semanas de estudio: “Una nueva ley que ha salido aprobada por amplio consenso, 68 de los 70 legisladores de todos los partidos políticos, de todos los bloques, con el convencimiento de que Córdoba es industria”.
La parlamentaria, que fue la encargada de fundamentar en la norma en el plenario, explicó que el nuevo marco normativo, comúnmente conocido como ley de promoción industrial, le permite a la provincia renovar su compromiso con la producción mediante la exención de los tributos de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario.
“A quien genere empleo, haga nuevas inversiones o incorpore tecnologías, se le otorgan alícuotas cero por 10 o 15 años, según la ubicación del emprendimiento”, detalló. Además, explicó que existen dos modelos de acceso: un régimen general para grandes desarrollos y un régimen simplificado para micro y pequeñas pymes.
El texto legislativo fue resultado de un trabajo previo de concertación en el que intervinieron el Gobierno provincial y diversas cámaras industriales y territoriales de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, entre otras. En esa línea, la norma busca articularse de manera directa con agencias como ProCórdoba y con las administraciones municipales, que eximirán de tasas locales a los proyectos productivos y a las firmas ligadas a la economía del conocimiento.
Sin dudas que la sanción se produce en una coyuntura delicada para el entramado industrial del interior. Frente a este panorama, Navarro Alegre sostuvo que la Argentina atraviesa una “apertura indiscriminada de importaciones” que golpea con severidad a sectores sensibles como el textil y el del calzado, por lo que la ley provincial llega para amortiguar esos efectos negativos y brindar competitividad a las fábricas que apuestan a invertir y mantener su personal calificado.
Por último, al marcar las diferencias con la adhesión de Córdoba al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del ámbito nacional, aclaró que se trata de esquemas con fines y escalas distintas: “El RIGI es otro sistema, enfocado más en sectores como la minería, donde hasta el momento no se ha presentado ningún proyecto ante la provincia de Córdoba”.