Negretti y Cena advierten que el Gobierno incumple el fallo de la Corte por el financiamiento a las universidades
El sistema universitario nacional atraviesa una etapa de incertidumbre legal e institucional tras confirmarse que el Gobierno Nacional no ha aplicado los efectos de la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de contar con un fallo en contra emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las autoridades de las casas de altos estudios de la región ratificaron que el máximo tribunal de la República ratificó la validez de la norma aprobada por el Congreso, dejando agotadas todas las instancias de apelación judicial.
Al respecto, el decano de la Facultad Regional Villa María de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Gaspar Cena, explicó que el conflicto persiste en el plano presupuestario a pesar de las recientes negociaciones paritarias. Si bien reconoció que la actualización en las becas estudiantiles y en las escalas salariales docentes significó un alivio temporal para los trabajadores y alumnos, enfatizó que los gastos de funcionamiento de las unidades académicas continúan sin la actualización correspondiente, manteniendo la exigencia de cumplimiento integral de la ley durante el mes de agosto.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Luis Negretti, calificó la postura del Ejecutivo como un hecho inédito dentro del Estado de Derecho argentino. El titular de la casa de altos estudios remarcó que el proceso recorrió todas las instancias judiciales previstas —Primera Instancia, Cámara y Corte Suprema—, resultando en cada etapa con resoluciones favorables al reclamo de las universidades sobre los artículos que regulan salarios y becas.
Vía judicial agotada y evaluación de medidas en el CIN
En relación con el alcance del dictamen del máximo tribunal, las autoridades confirmaron que la resolución no admite nuevas apelaciones por parte de la Administración Central. Desde la conducción universitaria remarcaron que el Congreso de la Nación sancionó la ley con amplias mayorías y que la decisión de no ejecutar la partida presupuestaria, aun con la orden judicial firme, vulnera la división de poderes y los mecanismos constitucionales de control.
Ante este escenario, las universidades nacionales nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) evalúan las acciones a seguir. Las autoridades académicas señalaron que la omisión en la aplicación de la norma por parte de los funcionarios responsables se encuadra en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que no se descarta el inicio de acciones en el fuero penal contra las autoridades del Ejecutivo involucradas.
Diálogo paralizado y resistencia en las negociaciones
En cuanto al estado de las conversaciones con el Gobierno Nacional, las autoridades locales indicaron la ausencia de canales de diálogo activos para resolver el fondo del reclamo. Durante las últimas mesas de negociación, desde los ministerios nacionales se sugirió como condición la desestimación de la demanda judicial por parte de las universidades, exigencia que fue rechazada por el plenario de rectores para sostener la validez de la norma.
Finalmente, desde los rectores recordaron que legisladores y funcionarios afines a la gestión central habían asumido el compromiso público de acatar de forma inmediata la orden judicial en caso de un pronunciamiento adverso en la Corte Suprema. Ante el estancamiento de las transferencias, el sistema universitario prevé coordinar nuevas acciones institucionales durante el segundo cuatrimestre para exigir la regularización de los fondos asignados por ley.