Uber en Villa María: qué te pueden preguntar y qué no estás obligado a responder en un control

En la ciudad, la tensión entre el transporte público tradicional y las plataformas digitales sumó un nuevo capítulo. A pesar de que el uso de aplicaciones como Uber o Cabify se ha naturalizado entre los vecinos, la Ordenanza 8232 mantiene su prohibición. En respuesta al reclamo del sector de taxistas, el municipio montó un esquema de operativos semanales, mañana y tarde, liderados por personal de Tránsito y la Guardia Local.

Sin embargo, sancionar este tipo de transporte no es una tarea sencilla para un inspector: la infracción requiere probar que existe una transacción económica o un servicio de transporte no autorizado, lo que coloca a los operativos en una delgada línea entre la fiscalización y los derechos del ciudadano.

Protocolo estricto: ¿Qué puede pedir la Guardia Urbana y qué no?

Según explicó Fernando Jones, subsecretario de Seguridad de la Municipalidad, la inspectoría capacitó a un equipo especial —coordinado y compuesto por cuatro inspectores por turno— para actuar estrictamente “ajustados a derecho”.

Hasta el momento, los procedimientos aleatorios y sorpresivos en distintos puntos de la ciudad han derivado en 8 retenciones de vehículos -uno de ellos un taxista, con vehículo de taxi, usando la app de UBER-, mientras que en otros casos no se pudo comprobar fehacientemente la falta y solo se dejó constancia de la sospecha.

Ante la incertidumbre que generan estos frenos en la vía pública, es clave conocer cuáles son las potestades de los inspectores y los límites del pasajero:

• Documentación del vehículo: el inspector de Tránsito tiene plena facultad para exigir la licencia de conducir, la tarjeta del vehículo, el seguro al día y la ITV.
• El teléfono móvil es intocable: la Municipalidad confirmó de manera categórica que ningún inspector puede pedirte ni revisar tu celular. Hacerlo constituiría una retención indebida y una violación a la privacidad.
• No estás obligado a responder preguntas sobre tu viaje: ni el conductor ni el pasajero están obligados a declarar sobre el vínculo personal que los une, hacia dónde van o si están pagando por el viaje. El inspector puede indagar o contrastar si divisa una app abierta en el panel del auto, pero no puede exigir una declaración testimonial.
• Identificación de personas: Si el procedimiento se complica o se requiere identificar fehacientemente a los ocupantes, los inspectores no tienen esa potestad; en esos casos se debe convocar a la Policía de la Provincia de Córdoba, que es la fuerza de seguridad habilitada para requerir la identificación personal.

“El inspector es limitado y tiene bien claro cuál es su función. Algunos sectores pretendían otro tipo de controles que no se ajustan a derecho ni a los protocolos que tenemos para trabajar”, remarcó Jones, marcando la cancha frente a las exigencias más duras de las agrupaciones de taxis.

El espejo de Córdoba Capital y el dilema de fondo en Villa María

Lo que ocurre en las calles locales no es un hecho aislado, sino la réplica de un fenómeno de escala provincial. En Córdoba capital, la guerra contra las aplicaciones llevó a años de incautaciones masivas, protestas gremiales y batallas judiciales. A pesar de las elevadas multas y el acarreo de vehículos, el servicio de Uber no solo sobrevivió, sino que se multiplicó exponencialmente por la demanda de los usuarios, dejando en evidencia la brecha entre la legislación vigente y las nuevas formas de movilidad urbana.

En Villa María la historia toma el mismo camino. Mientras la gestión municipal busca equilibrar la cancha para no desproteger al taxi formal —que afronta costos de licencia, desinfección, ITV especial y tarifas reguladas—, la ciudadanía sigue optando por la conveniencia y disponibilidad de la tecnología.

Los controles continuarán de forma sorpresiva, pero las reglas del juego son claras: el poder de policía del municipio termina donde empiezan las garantías individuales y la privacidad de los vecinos.