Alto acatamiento al paro universitaria y sin novedades de la Justicia por la Ley de Financiamiento
Este viernes se desarrolló un paro “tradicional” en todas las universidades nacionales con alto acatamiento de docentes y no docentes, Villa María no fue la excepción. Es una medida más en este año en el que el Gobierno sigue sin escuchar y sin respetar la Ley de Financiamiento que aplica.
El rector de la UNVM, Luis Negretti, explicó que el miércoles también hubo otra medida de fuerza, pero que es denominada “a la japonesa” y que, en el caso argentino se llamó “Las universidades no se apagan”. Consistió en desarrollar aún más actividades de las que venían haciendo con todos los docentes, investigadores y no docentes trabajando en sus espacios habituales más horas que de costumbre buscando visibilizar la situación que viven.
A nivel judicial, nada. Pese a que la Ley de Financiamiento fue refrendada en el Congreso y la Justicia obliga a cumplirla, el Presidente sigue haciendo caso omiso y al borde -si es que ya no lo está- de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Cabe recordar que los docentes tienen un atraso salarial de más del 40% y hay fuertes recortes en las partidas para ejecución de obras y programas.
Presentación judicial
El gobierno nacional presentó este viernes un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.
Si el tribunal acepta la medida del oficialismo, lo elevará a la Máximo Tribunal. No descartan ir con un recurso en queja si la Cámara no acepta el pedido. Para el oficialismo, hay dos líneas bien marcadas por este tema.
La primera apuesta de envergadura pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia. Porque, argumentan, la normativa que se sancionó es inconstitucional al no determinar de donde salen los recursos para solventar a las universidades. Por otro lado, ante la versión de que la normativa rompería el déficit fiscal que tanto protege la administración libertaria, en Balcarce 50 señalan que costaría 2,5 billones de pesos.