Bruno pidió el apartamiento de Carasso, vocal del Tribunal de Cuentas imputado por defraudación al PAMI
La Justicia Federal de Córdoba lleva adelante una investigación penal por presuntas maniobras de sobrefacturación y estafa contra el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La causa, que está bajo la órbita del Juzgado Federal de Río Cuarto a cargo del juez Carlos Ochoa y es impulsada por el fiscal Rodolfo Cabanillas, analiza los supuestos delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado nacional. Según las estimaciones preliminares del expediente judicial, el perjuicio económico ocasionado a la obra social de los jubilados ascendería a una cifra cercana a los 1.400 millones de pesos.
En el centro del escenario judicial se encuentra Marcos Carasso, licenciado en Kinesiología, exintendente de la localidad de General Cabrera, exdiputado nacional y expresidente del comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR). La semana pasada, la Gendarmería Nacional ejecutó una serie de procedimientos ordenados por el magistrado interviniente, los cuales incluyeron el allanamiento del domicilio particular de Carasso en General Cabrera, así como también el registro de sus oficinas en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, organismo del cual actualmente se desempeña como vocal y director.
Tras la recolección de documentación y elementos de prueba durante los operativos, las autoridades judiciales formalizaron la imputación contra el dirigente radical. La hipótesis principal de la fiscalía apunta a esclarecer los supuestos vínculos de Carasso con una empresa de servicios médicos y rehabilitación, denominada Ethical Salud, la cual figura como proveedora de prestaciones bajo sospecha de sobrefacturación en perjuicio del PAMI. Fuentes del caso señalaron que las pesquisas apuntan a determinar si existió una estructura societaria o de influencias destinada a simular o inflar la facturación de servicios de salud.
La derivación judicial del caso generó inmediatas repercusiones en el arco político e institucional de la provincia debido a la proyección pública del imputado, quien en las elecciones provinciales de 2023 integró la fórmula de la principal coalición opositora como candidato a vicegobernador, acompañando al senador nacional Luis Juez. Ante el avance del expediente penal, distintos sectores de la dirigencia local comenzaron a tomar distancia de la situación del exjefe comunal, mientras que desde otras terminales partidarias se demandaron declaraciones institucionales y aclaraciones públicas sobre los hechos investigados.
En este contexto, la legisladora departamental Karina Bruno presentó un proyecto de resolución ante la Legislatura de la Provincia de Córdoba para solicitar de manera formal el apartamiento de Marcos Carasso de su rol en el Tribunal de Cuentas provincial. A través de canales públicos, la parlamentaria vinculó la situación de reclamos concurrentes de prestadores médicos, farmacias y beneficiarios del PAMI por la pérdida de poder adquisitivo con el presunto fraude investigado. En sus fundamentos, Bruno cuestionó la falta de acompañamiento a las demandas de la obra social por parte de sectores que habitualmente enarbolan consignas de transparencia gubernamental.
La iniciativa legislativa busca forzar un pronunciamiento formal del cuerpo sobre la continuidad institucional del funcionario imputado mientras dure el proceso de instrucción judicial. En paralelo, bloques del oficialismo provincial también motorizaron pedidos de informes para profundizar el seguimiento del caso. La causa federal continúa bajo secreto de sumario parcial para resguardar las próximas medidas de prueba, en una investigación que la fiscalía considera compleja debido al volumen de la facturación auditada y la cantidad de actores del sistema de salud involucrados.