Causa drones: La Justicia allanó al Tribunal de Cuentas por la denuncia de Quinteros
La Justicia provincial realizó un procedimiento este miércoles la sede del Tribunal de Cuentas de la Provincia para requerir el expediente de la licitación por la compra de drones destinada a la Policía de Córdoba.
El procedimiento fue confirmado -extraoficialmente- por fuentes de la Justicia, luego de que la información fuera difundida públicamente por el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán.
Según relató el propio tribuno, cuatro efectivos policiales se presentaron en el edificio del organismo con el objetivo de llevarse la documentación vinculada al proceso de compra de un sistema de drones valuado en 6,8 millones de dólares, reconstruyó en su portal La Voz del Interior.
“Vinieron cuatro policías. Se presentaron pidiendo el expediente. Y ellos saben que ya no está acá. Les recuerdo a los del Gobierno que tengo determinadas inmunidades y solo un juez me puede pedir esto”, afirmó Corvalán.
El titular del Tribunal de Cuentas habló de “allanamiento” y lo vinculó con la disputa política que se viene dando entre el juecismo y el oficialismo. “Esto se enmarca en la idea de que el Gobierno de Llaryora quiere amedrentar el accionar del Tribunal de Cuentas”, sostuvo el dirigente juecista al vincular el operativo con la denuncia penal que días atrás impulsó el Ministerio de Seguridad contra la mayoría opositora del organismo.
Denuncia
Con el aval político explícito del gobernador Martín Llaryora, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, denunció la semana pasada y ante la Justicia provincial a Corvalán y a la vocal María Fernanda Leiva por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación sostiene que ambos se excedieron en sus funciones al cuestionar el mérito y la conveniencia de la política pública impulsada por el Ejecutivo.
El expediente apuntado refiere a la adquisición de un Sistema Integral de Vehículos Aéreos No Tripulados para la Policía de Córdoba.
Desde el Tribunal de Cuentas, la mayoría juecista objetó la licitación por haberse realizado en bloque, a renglón único, lo que a su criterio habría direccionado el proceso para beneficiar a la UTE Vantac-Huinol SA, única oferente que cumplía con los requisitos del pliego.
El Ministerio de Seguridad rechazó de plano esa interpretación. En la denuncia presentada, sostiene que el Tribunal ignoró normativas técnicas aeronáuticas y actuó bajo motivaciones políticas, afectando el principio de división de poderes.
El planteo se apoya en la Ley Provincial 10.930, que limita la intervención del Tribunal de Cuentas al control de juridicidad, sin habilitarlo a evaluar criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, facultades que son exclusivas del Poder Ejecutivo.
En el comunicado oficial difundido por la Provincia, Quinteros apuntó políticamente contra el senador Juez, a quien responsabiliza por el freno del expediente, aunque sin mencionarlo de manera directa.
“Expresiones como fraude, corrupción, traje a medida, sobreprecios o cajas negras, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. La crítica es legítima, la injuria no. Todo tiene un límite”, advirtió Quinteros.
Por la feria judicial, recién el lunes se definió el fiscal que quedó a cargo: se trata de Tomás Casas. Desde su despacho no se emitió información sobre las medidas de prueba, y sólo se limitaron a explicar que la investigación “es incipiente”.
De todas maneras, al tratarse de una denuncia que involucra a funcionarios públicos provinciales, la investigación podría terminar en uno de los fiscales del Fuero Penal Económico (Anticorrupción).
Fuente: La Voz.