Condenados por delitos no podrán ser candidatos ni funcionarios
El Concejo Deliberante de Villa María aprobó por unanimidad el proyecto de “Ficha Limpia”, que establece la prohibición para ocupar cargos públicos o presentarse para cargos electivos a todos aquellos que tengan sentencia firme en segunda instancia por delitos tipificados en el Código Penal.
El proyecto fue presentado por la oposición en la anterior conformación del cuerpo legislativo y ahora se logró el consenso de las bancadas mayoritaria y minoritarias en sintonía con lo sancionado tiempo atrás en la Legislatura de Córdoba.
Se consensuaron varios proyectos y propuestas para llegar al texto definitivo. Los 12 ediles votaron positivamente. Inclusive fundamentaron en sala 7 de los 12. Tampoco podrán ser funcionarios o candidatos quienes no hayan dado debido cumplimiento a la obligación de solventar cuotas alimentarias establecidas por sentencia judicial firme. Se aplicará la norma una vez publicada en el Boletín Oficial de la Municipalidad.
El primero en abrir la ronda de oradores fue el edil radical Felipe Botta: “Buscamos elevar los estándares éticos y morales”, afirmó. También sostuvo que la flamante normativa es un paso fundamental “para que la política en Villa María sea más honesta y transparente”.
El edil opositor Manuel Sosa dijo además que “es un paso adelante en la vida cívica” de la ciudad y entendió que “levanta la vara de la calidad institucional”.
A su turno, la presidenta del bloque oficialista, Yaslil Oses, subrayó que esta ordenanza “es un compromiso con la transparencia” y explicó que los condenados no podrán ocupar cargos ejecutivos ni formar parte de candidaturas para ningún estamento de orden municipal.
En tanto, la presidenta del bloque Juntos por el Cambio, Natalia González, expresó que los candidatos a cargos electivos y los funcionarios “deben ser intachables” y pidió también abordar un proyecto para ordenar las normas electorales de la ciudad.
La opositora Evelyn Acevedo dijo que “nos acercamos a la política justa” y aclaró que “no es ninguna caza de brujas”. “Es sentido común”, remató.
En esta línea, el juecista Pablo Perret remarcó que es el puntapié inicial para elevar la calidad institucional y recordó que otras leyes provinciales sancionadas en el último tiempo fueron en sentido contrario como el cambio de reglamento en la Legislatura y en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El oficialista Diego Olivero opinó que es una herramienta para mejorar la calidad institucional y dejó en el aire algunas críticas pero sin mencionar a ningún dirigente en particular. “¿Somos lo que decimos o lo que hacemos? ¿Lo somos o no lo somos?”, se preguntó.
Finalmente, tras la sesión, el presidente del Concejo, Juan Pablo Inglese, sostuvo: “Esta medida es el resultado del trabajo conjunto y del firme convencimiento de que la honestidad debe ser un pilar innegociable en la función pública. Seguiremos promoviendo iniciativas que profundicen la calidad institucional y que garanticen que quienes nos representan estén a la altura de las expectativas de la sociedad”.
Martín Alanis