Denuncia de corrupción en la Justicia local desató repercusiones: ¿Cómo sigue la investigación?

Este medio consultó a la fiscal Juliana Companys, quien recepcionó la denuncia de la abogada del fuero villamariense Teodora Perassi y dijo que “al haber prueba concluyente emití mi acusación para que el juez de Control continúe con la investigación y es el quien imputará o archivará”. Y manifestó que el caso está en el Tribunal Superior de Justicia, que deberá designar un Juzgado de Control. Confirmó que sigue trabajando normalmente.

Por otra parte, uno de los abogados señalados en la denuncia, Marcelo Silvano, hizo llegar a este medio un comunicado en el que dejó varios puntos: por un lado, preguntó cómo llegó al acceso público información que está bajo secreto de sumario; expresó sus sospechas sobre que esta denuncia “sucede un corto tiempo después de la acusación contra la fiscal Companys”, y rechazó las sospechas que “sembraron sobre mí” (se adjunta la carta completa al final de esta nota).

Finalmente, el Colegio de Abogados publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresaron que “ninguna situación individual puede generar sospechas sobre el conjunto de la abogacía. Nuestros colegiados merecen respaldo, reconocimiento y garantías plenas para ejercer con libertad e independencia” y sopesaron: “El Directorio trabaja activamente en las acciones institucionales necesarias para resguardar el sistema de justicia y la confianza pública”.

¿Cómo sigue? El TSJ debe definir qué Juzgado de Control investigará el caso, que tiene mencionados a jueces, abogados, el fiscal René Bosio y funcionarios y trabajadores del Poder Judicial local. No hay precisiones sobre las acusaciones pero, según las palabras de Perassi, la investigación es sobre presunta corrupción y privilegios en la justicia.

Comunicado de Silvano

En relación a la publicación efectuada por el diario La Voz del Interior (papel y digital), en la cual se menciona expresamente a este letrado en el marco de una denuncia formulada por la abogada María Teodora Perassi, cuyo pedido de investigación es impulsado y llevado adelante por la Fiscalía de Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, corresponde formular las siguientes aclaraciones en resguardo del honor profesional, de la verdad de los hechos y de la correcta información pública.

En primer lugar, advierto que resulta sumamente llamativo para este letrado el acceso público a información que se encontraría alcanzada por el denominado secreto de sumario, a la cual esta parte (como entiendo ocurre con el resto de los investigados) no ha tenido acceso. Ello evidencia, una vez más, la filtración de datos provenientes de una investigación judicial en curso, circunstancia que no solo vulnera garantías básicas del debido proceso, sino que además configura una violación a lo dispuesto por el artículo 312 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.

Este tipo de situaciones, lamentablemente, no resultan aisladas, sino que se han reiterado en distintas oportunidades cuando las investigaciones tramitan en el ámbito de la Fiscalía de Segundo Turno, lo que refuerza la preocupación institucional respecto del manejo de información y su indebida exposición mediática.

En segundo lugar, corresponde señalar que la fiscal Companys se encuentra actualmente imputada, habiendo prestado declaración en el marco de investigaciones vinculadas a una serie de hechos de extrema gravedad institucional. Algunas de esas denuncias han sido formuladas por este letrado y otras tantas por distintos abogados del foro local y de la provincia de Córdoba, como así también por ciudadanos víctimas del accionar de la fiscal, lo cual demuestra que los cuestionamientos existentes no responden a una cuestión personal, sino a una profunda preocupación respecto del funcionamiento de la Fiscalía a su cargo.

En ese contexto, no puede dejar de advertirse el particular espacio temporal en el que aparece esta denuncia. Precisamente en una semana especialmente delicada para la fiscal Companys, cuando avanzan investigaciones en su contra, surge una acusación que pretende involucrar a este abogado, quien desde hace tiempo viene denunciando públicamente y judicialmente actuaciones que considera irregulares y que, por tal motivo, se ha transformado en un evidente obstáculo para determinados intereses.

Por ello, invito a los lectores a reflexionar seriamente acerca del origen de la acusación, del momento en que se produce y de a quién beneficia el intento de desplazar el eje de atención pública. No se trata de negar el derecho de ninguna persona a denunciar, ni el deber de investigar cuando corresponda, sino de exigir que toda denuncia sea analizada dentro del contexto completo en el que se genera.

También corresponde señalar que la abogada Perassi, denunciante en este caso, ha formulado numerosas denuncias contra colegas del fuero en sus pocos años de ejercicio profesional. Esta circunstancia, conocida en el ámbito jurídico local, impone (cuanto menos) una mirada prudente respecto de la utilización reiterada de mecanismos denunciatorios como forma de intervención en el litigio profesional.

El prestigio no se construye mediante el temor ni el disciplinamiento, sino a través del estudio, el trabajo, el respeto y la litigación seria.

Asimismo, no puede soslayarse que Perassi mantiene vínculos profesionales con el abogado Alejandro Bianco, quien fuera empleado y persona de confianza de la fiscal Companys hasta hace algunos meses, y cuya actuación también se encuentra bajo observación en distintos ámbitos, incluso ante organismos de ética y disciplina profesional.

Es de público conocimiento en el foro que Perassi ha representado a Bianco como su abogada particular, además de intervenir sucesivamente en causas en las que previamente actuó Bianco, e incluso compareciendo conjuntamente en otras defensas técnicas, muchas de las cuales (no casualmente) se tramitaron ante la Fiscalía del Segundo Turno.

Todo ello obliga a formular una pregunta elemental: ¿es casual que, en el momento en que la fiscal Companys atraviesa uno de los escenarios institucionales más comprometidos de su carrera, aparezca una denuncia destinada a ensuciar públicamente a quienes la han denunciado o cuestionado?

Este letrado lleva 38 años litigando en el fuero Penal. Es profesor universitario desde hace 30 años, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y doctor en Derecho. Ha ejercido la profesión con firmeza, independencia y sin someterse a presiones de ningún tipo. Jamás ha necesitado recurrir al miedo, a la amenaza ni a maniobras impropias para construir su nombre profesional. Su prestigio se ha ganado litigando, estudiando y enfrentando jurídicamente aquello que considera arbitrario o contrario a derecho.

Por ello, rechazo enfáticamente cualquier intento de instalar sospechas infundadas sobre mi persona, especialmente cuando provienen de un entramado que, por sus propios antecedentes y vínculos, merece ser analizado con extrema prudencia.

En relación a las causas mencionadas en la nota periodística, cabe aclarar que, en la denominada “causa Netflix”, Perassi intervino como abogada defensora de varios imputados, habiendo concluido -según recuerdo- mediante un juicio abreviado ante la jueza de Control. Por su parte, la otra causa referida por el medio fue juzgada ante la excelentísima Cámara del Crimen local, contando con registros fílmicos que dan cuenta de todo lo acontecido.

Finalmente, hago saber que ejerceré todas las acciones legales que correspondan a fin de resguardar mi honor, mi trayectoria profesional y el libre ejercicio de la defensa técnica, frente a cualquier intento de desacreditación pública o utilización abusiva del sistema penal con fines de deslegitimación.

Dr. Marcelo Martín Silvano – Matrícula Profesional 4-168