Falsas denuncias en escuelas: familias de adolescentes identificados podrían pagar entre 5 y 8 millones de pesos
El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes la implementación del sistema para recuperar los gastos generados por amenazas, hechos de violencia y conductas de riesgo en escuelas, tras la publicación en el Boletín Oficial del protocolo que regula el procedimiento.
Si bien la decisión ya había sido dada a conocer días atrás por el ministro Juan Pablo Quinteros, la novedad es que ahora quedó oficialmente vigente a partir de la resolución del Ministerio de Seguridad que aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, estableciendo el mecanismo administrativo para reclamar los costos a los responsables.
La normativa apunta a garantizar el uso responsable de los recursos públicos frente a situaciones que obligan a desplegar operativos policiales, servicios de emergencia y logística especial.
Cómo se aplicará
El procedimiento se activa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, que identifica a los autores del hecho y a los adultos responsables.
A partir de allí:
- Se determinan los costos operativos de cada intervención.
- Se elabora un expediente con todos los registros del operativo.
- Se cuantifican los gastos incurridos por el Estado.
- Se intima al pago en un plazo perentorio de 5 días.
En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero.
Qué cubre el recupero
El protocolo contempla la posibilidad de reclamar los costos de todos los recursos afectados en cada operativo, incluyendo personal policial, servicios de emergencia, brigadas especiales y medios logísticos, cuya activación genera un impacto directo en el presupuesto provincial.
Costos
Este medio consultó con fuentes del Ministerio de Seguridad, desde donde se hizo una aclaración. Había trascendido que algunos operativos llegaron a costar alrededor de 28 millones de pesos, y todavía se está terminando de desglosar el gasto total por cada intervención. Pero ese no será el montó que se trasladará a las familias ya que gran parte del total de cada operativo no fue incorporación de personal específico sino redistribución de los recursos que estaban activos para que se avoquen a las falsas amenazas. Lo concreto es que se estima por gastos extraordinarios sumas que rondarían entre 5 y 8 millones de pesos por operativo. Esa es una estimación de lo que Provincia impondría a cada familia de adolescentes que hayan sido identificados como autores de las falsas amenazas.
En los últimos días hubo más de 40 falsas amenazas en escuelas de la Provincia, varias de ellas ocurrieron en establecimientos públicos y privados de la ciudad.
Con esta publicación, la Provincia buscar “dar un paso clave en la implementación de una política orientada a desalentar falsas amenazas y hechos de riesgo en ámbitos escolares, estableciendo que quienes los generen deberán hacerse cargo de los costos que ocasionan”.