Docentes rurales de la ciudad reclaman demoras en el pago del Boleto Educativo Gratuito
Un grupo de alrededor de 50 docentes de educación inicial, primaria y secundaria que residen en Villa María y se trasladan diariamente a escuelas de la región y parajes rurales denunciaron retrasos en el pago del Boleto Educativo Gratuito (BEG). Según expuso la maestra de nivel inicial Lorena Leiva —quien viaja diariamente en moto 22 kilómetros hasta el paraje Santa Rosa—, los educadores adscritos al municipio local aún no han percibido la primera cuota correspondiente al ciclo lectivo 2026, mientras que colegas de localidades vecinas como Villa Nueva y Ticino ya han cobrado la segunda cuota del beneficio.
El reclamo de los profesionales apunta a la falta de respuestas unificadas por parte de la administración municipal en relación con los recursos públicos que transfiere el Gobierno de la Provincia de Córdoba. A pesar de haberse realizado gestiones formales y consultas directas a través de las representaciones gremiales, Leiva señaló que las contestaciones oficiales han sido contradictorias, oscilando entre la supuesta falta de llegada de las partidas y promesas de pago para inicios de julio que no se hicieron efectivas.
La problemática afecta de manera directa la economía de los docentes de la ruralidad, quienes deben financiar de sus propios ingresos el costo del combustible para sostener la presencialidad en las aulas. Las erogaciones mensuales declaradas por los afectados oscilan entre los $120.000 y $200.000 de acuerdo con las distancias —que en algunos casos alcanzan los 100 kilómetros diarios—, frente a un haber básico que califican como bajo y un aporte del BEG que, según denuncian, históricamente no cubre el 100% de la movilidad real.
Por otra parte, fuentes municipales confirmaron a este medio ante la consulta que los docentes cobrarían este viernes los montos correspondientes a las partidas adeudadas del programa provincial.
Circuitos administrativos y plazos de control en el Tribunal de Cuentas
Fuentes consultadas al municipio villamariense explicaron que la demora en la acreditación de los fondos se centra en los plazos legales de control que rigen la administración pública local. De acuerdo con el procedimiento establecido, una vez que la Provincia envía las partidas presupuestarias del Boleto Educativo a los municipios, el expediente debe ingresar obligatoriamente al Tribunal de Cuentas.
Este órgano de control de Villa María dispone de un plazo de hasta cinco días hábiles, prorrogables por otros dos días adicionales, para revisar, visar y autorizar de forma legal la salida de los pagos. Este circuito administrativo y el tiempo requerido para la fiscalización formal de los fondos públicos es lo que explicaría, según los voceros municipales, el desfasaje temporal entre el arribo del dinero a las arcas comunales y su efectiva transferencia a las cuentas de los docentes de la región.