Emergencia en discapacidad: el reclamo contra obras sociales y un proyecto de ley que no se trata

La última semana familias de personas con discapacidad y profesionales de la salud reclamaron en todo el país la situación de emergencia en discapacidad. Villa María no fue la excepción. Retraso de meses en la autorización de atenciones; recortes en la cantidad de prestaciones y sesiones; pagos que se dan como mínimo tres meses después de haberse realizado; retraso en los pagos de prestaciones brindadas que datan del año paso y la creciente cantidad de judicializaciones contra las obras sociales marcan el panorama con el que conviven las personas con discapacidad.

Las terapistas ocupacionales Huilen Arias y María Soledad Bruno, además de la abogada Carolina Coria, describieron todo esto que pasa en Villa María.

Por un lado, los últimos aumentos a los profesionales fue entre octubre y diciembre del año pasado, pero con porcentajes menores al uno por ciento. Hay tratamientos del 2024 que no fueron pagados y ya casi estando a mitad de año hay prestaciones que no fueron autorizados aún, pese a que se solicitaron desde el primer día de enero, y lo poco que se autorizó fue por menos sesiones de las que deberían ser.

Las profesionales remarcaron que las obras sociales son las deudoras, pero también hay un Estado ausente y burocrático. Los profesionales más afectados son los trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, kinesiólogos, en general todos los que trabajen con el nomenclador de discapacidad.

También resaltaron que el problema no es nuevo, pero que se agravó notablemente en el último tiempo.

«La principal situación es que hay personas que no pudieron empezar con su rehabilitación y tratamiento por estos retrasos».

Existe un proyecto, pero falta voluntad

Coria explicó que este contexto es grave por el marco legal, desactualizado desde hace años, y resaltó que hay un proyecto de ley que aborda el tema del nomenclador y los pagos a los profesionales, pero no se trata. «Al último lo que se vulnera es el derecho humano de la persona con discapacidad que luchan día a día por reivindicar la dignidad que les corresponde. Es una situación muy angustiante».

El tratamiento del proyecto está suspendido, por lo que «dependemos de la burocracia» y «el contexto es muy precario».

Este panorama se completa con la judicialización de los reclamos de las familias que «tienen que justificar porque su hijo necesita las prestaciones, el acompañamiento en la escuela y más. Deben recurrir a la justicia por cuestiones básicas»