Milei frena la creación de nuevas universidades: fuertes críticas desde Río Tercero
La secretaría de Educación de la Nación decidió establecer un proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de cinco universidades nacionales creadas por el Congreso Nacional en septiembre de 2023 y dejar sin efecto la designación de sus autoridades. Una de ellas es Río Tercero.
La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, autora de la Ley 27.730, junto a Marcos Ferrer (intendente de Río Tercero) y Pablo Yannibelli (rector normalizador de la Universidad Nacional de Río Tercero) han solicitado audiencia a la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovello, quien junto a Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias, pusieran bajo revisión la creación e inicio de actividades académicas.
En un comunicado de prensa, la diputada radical señaló que una resolución ministerial que “no puede dejar sin efecto a una ley del Congreso”. “Por lo que el accionar del Gobierno nacional vulnera la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos”, expresó.
Brouwer de Koning recordó que la Universidad Nacional de Río Tercero cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior para la creación de una nueva institución: informe de factibilidad, previsión presupuestaria e informe del Consejo Interuniversitario Nacional. La verificación del proceso de creación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y en excepcionalísimos casos, de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde al Poder Judicial por cuestiones formales. “Nada de eso se corresponde con los argumentos vertidos por la resolución del Ministerio”, subrayó la diputada.
Y agregó: “El Presidente no puede decidir incumplir las leyes que no les gustan o dejar sin efecto aquellas leyes que se aprobaron sin su acompañamiento. El flagrante incumplimiento de las leyes que el Congreso le exige cumplir es incumplimiento de deberes de funcionario público. Para eliminar una ley y sus efectos el único camino es construir esa mayoría en el Congreso que hoy no tiene. Con ese argumento muchos derechos pueden quedar en jaque”.