Nigro le pide explicaciones a la Provincia por el retiro de personal policial en Tribunales
De 12 policías afectados al edificio de Tribunales de Villa María, solo quedó uno. El gremio de Judiciales confirmó que “la decisión se tomó de un día para otro”, afectó a los tribunales de toda la provincia y hay preocupación entre los trabajadores por hechos de inseguridad que podría ocurrir en las distintas dependencias.
El legislador departamental Alfredo Nigro formalizó un pedido de informe en las últimas horas dirigido a la Provincia. “La seguridad en los Tribunales de Villa María volvió a quedar en la mira luego de que trascendiera públicamente el repliegue de efectivos policiales que cumplían tareas de custodia en el edificio judicial. Ante esta situación, como legislador del Departamento General San Martín, presenté en la Legislatura de Córdoba un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial para conocer los motivos y las condiciones en las que se tomó esta decisión”, dice el texto remitido a Eleccionario.
Dicho proyecto solicitó al Ministerio de Seguridad que informe cuáles fueron los motivos que llevaron al efectivo retiro de los efectivos policiales, además de dar cuenta cuál es actualmente la dotación asignada a los Tribunales locales y cómo se distribuye el personal entre turnos y funciones. “Todo esto en pos de no naturalizar que un edificio donde funcionan los Tribunales, y se tramitan causas penales y conflictos de enorme sensibilidad, quede con un esquema de seguridad que genere dudas y preocupación entre quienes trabajan y concurren diariamente al lugar”, sostuvo Nigro.
Además, pidió conocer qué medidas de contingencia se adoptaron para garantizar la integridad de magistrados, funcionarios, empleados judiciales y ciudadanos, especialmente frente a los testimonios que aseguran que habría quedado un único efectivo policial para resguardar la totalidad del predio. “En línea con esto, el Gobierno tiene que explicar quién tomó la decisión de modificar el esquema de custodia, por qué lo hizo y qué garantías se establecieron para reemplazar la cobertura que existía anteriormente”, agregó.
Además, el pedido también busca determinar si existió una coordinación previa entre la Jefatura de Policía y el Tribunal Superior de Justicia para evaluar el impacto de la medida. “En este sentido, la discusión excede la presencia de efectivos policiales, ya que se está hablando de garantizar el normal funcionamiento de la Justicia. Si la falta de seguridad termina afectando audiencias, juicios orales o el trabajo cotidiano de los Tribunales, estamos frente a un problema institucional de mayor gravedad”, señaló Nigro.