¿Qué es la Ley Hojarasca que Diputados empezará a tratar esa semana?

La actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación retomará un ritmo intenso este martes. El oficialismo pondrá en marcha el tratamiento en comisiones del proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que busca una limpieza profunda del ordenamiento jurídico argentino.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunirá a partir de las 15:00 horas. En este encuentro, funcionarios del Poder Ejecutivo defenderán la necesidad de eliminar normativas que consideran anacrónicas o superadas por la realidad moderna del país.

Para dar cuenta de los detalles técnicos del proyecto, está prevista la asistencia de Matías Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, junto a Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y ex diputado nacional. Ambos explicarán el impacto que se espera tras la derogación de este bloque de leyes.

El proyecto, redactado por el ministro Federico Sturzenegger, tiene como objetivo principal la eliminación de leyes que “limitan las libertades individuales” o que han perdido vigencia práctica. Aunque en un principio se especuló con llevar el tema al recinto este mismo miércoles, La Libertad Avanza (LLA) decidió finalmente no convocar a sesión esta semana.

Los titulares de las comisiones, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, tienen previsto pasar el dictamen a la firma tras la ronda de consultas. El oficialismo confía en que esta vez el proyecto prospere, luego de haber perdido estado parlamentario tras su primer envío al Congreso durante el año 2024.

La nueva estrategia parlamentaria del Gobierno se apoya en una “nueva mayoría” conformada por alianzas con bloques como Fuerzas del Cambio, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo e Innovación Federal. Con este respaldo, el Ejecutivo busca derogar aproximadamente 70 leyes que tilda de “obsoletas”.

Principales puntos

Uno de los puntos más polémicos de la Ley Hojarasca es el recorte del financiamiento público para entidades como la Federación Argentina de Municipios (FAM). Según el texto, la FAM ya no podrá recibir recursos del Estado Nacional ni de organismos descentralizados, debiendo sostenerse mediante aportes de sus socios o donaciones privadas.

Esta medida impacta directamente en una estructura que históricamente ha tenido una fuerte hegemonía de intendentes bonaerenses, actualmente presidida por Fernando Espinoza. El Gobierno argumenta que estas instituciones deben buscar su propia autonomía financiera sin depender de las arcas nacionales.

De manera similar, el proyecto propone eliminar el financiamiento estatal para el Círculo de Legisladores. La norma establece que, de ahora en más, la institución deberá funcionar exclusivamente con la cuota social de sus integrantes y contribuciones privadas, prohibiendo cualquier transferencia de fondos públicos.

En el ámbito cultural y de consumo, la ley propone derogar el sistema de sorteos de premios entre compradores de boletos de cine. Desde el Gobierno sostienen que este mecanismo, financiado con un impuesto a la industria, encarece las entradas y beneficia a menos del 0,1 % de los espectadores, resultando en un costo burocrático mayor al premio otorgado.

El proyecto también hace un repaso por leyes de carácter restrictivo heredadas de diversos periodos históricos. Entre ellas, se destaca la eliminación de una norma del gobierno de Juan Domingo Perón que impone penas de prisión a argentinos que defiendan los derechos humanos en ámbitos internacionales.

Asimismo, se busca anular regulaciones de la etapa de Juan Carlos Onganía, mediante las cuales el Estado intentaba controlar la disponibilidad de papel de diario. Para el Ejecutivo, estas leyes representan un ataque directo a la libertad de expresión y a la libre circulación de información en la sociedad moderna.

La Ley Hojarasca también apunta contra la Ley 19.787, de la gestión de Alejandro Lanusse, que obligaba a la difusión de música específica elegida por el Estado. En la misma línea, se prevé derogar la obligatoriedad de que radios y televisoras destinen 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional, una norma de 1975.

Otro punto relevante es la eliminación de la Ley 20.120, la cual obligaba a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar aviso previo a la policía, facultando a los efectivos a ingresar a dichos recintos. El Gobierno considera que esto viola el derecho constitucional de reunión.

Finalmente, el texto propone dar de baja privilegios de la clase política, como la Ley 20.959 de la gestión de Isabel Perón. Esta normativa otorgaba a los legisladores nacionales el beneficio de libre circulación y libre estacionamiento, algo que el actual oficialismo considera un “privilegio de casta” innecesario.

Con este panorama, la Cámara de Diputados inicia un debate que promete ser extenso. La Ley Hojarasca no es solo una reforma administrativa, sino un mensaje político del Gobierno sobre qué funciones debe cumplir el Estado y qué leyes del pasado deben quedar definitivamente en el olvido.

Observaciones necesarias

– ¿Cárcel por defender DD.HH.?: El artículo menciona una ley de Perón que impone prisión. Es técnicamente correcto en el texto del proyecto, pero en la práctica esa ley estaba en desuso o “muerta” por tratados internacionales de jerarquía constitucional superiores (como el Pacto de San José de Costa Rica). La derogación es más un acto simbólico y de limpieza jurídica que un cambio que libere a personas actualmente presas por ese motivo.

– Financiamiento de la FAM y Círculo de Legisladores: Es importante aclarar que el proyecto no prohíbe que existan, sino que les quita el carácter de “recaudación automática” o subsidio estatal directo. La tergiversación común en redes es que “se cierran”, cuando lo que ocurre es un cambio en su fuente de ingresos hacia el sector privado o cuotas sociales.

– El “Carnet de Mochilero”: Se menciona como una restricción a la libertad. Es real, existía la Ley 20.875 (1975) que exigía credenciales para viajar “a dedo”. Su eliminación es real, aunque hace décadas que no se exige en las rutas.

– Impacto en la Educación (Séptimo Hijo): El proyecto propone derogar el “Padrinazgo Presidencial” que garantizaba becas al séptimo hijo varón/mujer. El argumento es que hoy la educación pública es gratuita para todos y esta ley crea una jerarquía innecesaria de “beneficiarios especiales” basada en una tradición mítica.

– Modernización Tecnológica Inédita: El proyecto elimina la obligatoriedad para el Ejército y la Armada de usar microfilmes para sus archivos, permitiendo finalmente la digitalización total. También deroga leyes que aún «autorizaban» la televisión a color (algo absurdo en la era del 4K y streaming).

-Control sobre la Producción de Papel: Más allá de la libertad de expresión, se deroga el control sobre el “Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa”. Esto quita al Estado la capacidad de intervenir en el mercado del insumo básico de los diarios físicos, un tema que fue eje de conflictos políticos durante décadas.

-El impacto en el precio del cine: Se menciona el sorteo de entradas, pero lo relevante para el ciudadano es que el Gobierno sostiene que el costo de escribanos y burocracia para hacer esos sorteos era más alto que los premios mismos, y que ese costo se trasladaba directamente al precio de la entrada que paga el usuario.