Salud Mental: reclaman a Nación volver a discutir políticas públicas ante aumentos de la demanda por adicciones e intentos de suicidio
La situación de la salud mental en Argentina atraviesa un momento crítico que ha unido a doce provincias en un reclamo común. A través de un documento formal, las autoridades provinciales exigieron al Gobierno nacional que retome el diálogo en el marco del COFESAMA, el ente encargado de articular políticas de Estado e integrar los servicios de salud mental y adicciones en todo el país. La preocupación central radica en el corte del diálogo federal desde hace más de un año y el impacto directo que esto tiene en los recursos humanos y materiales.
Néstor Ribotta, psicólogo del equipo de Salud Mental del Hospital Pasteur de Villa María, advirtió sobre la gravedad del panorama actual. “Estamos muy preocupados por el aumento de la demanda en las crisis de salud mental, especialmente en los servicios de urgencias y dispositivos públicos”, señaló el profesional a Eleccionario. Según Ribotta, la salud mental históricamente ha sido la “cenicienta” del presupuesto sanitario, pero el escenario actual de desfinanciamiento profundiza una crisis que ya afecta el tejido social.
De acuerdo a relevamientos recientes realizados por equipos de investigación en la región, la demanda ha crecido sustancialmente en la última década, concentrándose hoy en dos problemáticas urgentes: trastornos por consumo de sustancias e intentos de suicidio. Estos dos ejes representan casi la mitad de las consultas totales del servicio de salud mental en el hospital regional de Villa María.
El quiebre del tejido social
El análisis de los especialistas vincula este incremento con el deterioro de las condiciones de vida. “Al romperse el tejido social de contención, aumenta el consumo exponencial de sustancias peligrosas”, explicó Ribotta. Esta situación se agrava con el aumento de personas en situación de calle y cuadros psicóticos descompensados por la falta de medicación cotidiana o la pérdida de empleo de las familias.
Asimismo, se destaca una marcada desigualdad en el acceso a la continuidad de los tratamientos. Si bien las guardias de los hospitales públicos reciben a todos los pacientes por igual (tengan o no obra social), el sector privado suele carecer de servicios de urgencia en salud mental.
Respecto a los anuncios oficiales sobre una posible revisión de la Ley de Salud Mental para “activar” internaciones involuntarias, Ribotta fue tajante: “Es una falacia. Las internaciones involuntarias existen desde que se sancionó la ley. Lo que falta no es un cambio de normativa, sino su implementación con recursos reales”.